Tres cárnicas navarras han empleado a 2.660 'falsos autonómos' en los últimos 4 años

A mediados de julio, los funcionarios de la delegación provincial de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS) en Navarra dieron carpetazo final a los más de 800 folios de un largo expediente. Listo. Todo había empezado en noviembre. La orden llegó de Madrid, directamente de los servicios centrales del organismo. Andaban a la caza de los clientes de una ‘falsa’ cooperativa, Servicarne, que durante los últimos años se había convertido en el mayor proveedor de trabajadores ‘low cost’ para las empresas cárnicas. Les ‘prestaba’ trabajadores autónomos, en calidad de cooperativistas suyos, como operarios de mataderos repartidos por toda España. La denuncia procedía del sindicato Comisiones Obreras, harto de ver cómo esta supuesta cooperativa, y otras similares que han detectado, dinamitaba todo el esfuerzo sindical y de sus afiliados en las cárnicas para preservar un marco mínimo de salarios y condiciones de trabajo (horarios, vacaciones, libranzas...) en sus fábricas. Tirando del hilo de Servicarne, la inspección ordenó a sus delegaciones de 20 provincias investigar más de 50 centros de trabajo, repartidos en 11 comunidades autónomas, a los que esta cooperativa prestaba ese servicio. Había tres firmas en Navarra que los habían contratado. Usaban en sus salas de despiece “cooperativistas” de Servicarne, cotizando como autónomos, cuando, a juicio de la Seguridad Social, “deberían estar dados de alta en las empresas usuarias como trabajadores por cuenta ajena”. La gran usuaria era la tudelana Uvesa, una de las grandes firmas de producción avícola en España, que no solo habría empleado a estos ‘falsos autónomos’ en dos de sus centros de trabajo en Navarra -el matadero de Tudela y una congeladora que tiene en Milagro- sino en otras plantas de su grupo en España (tiene tres procesadoras más en Málaga, Segovia y Valencia). También figuraban sendos centros de La Protectora y Vacuno de Navarra SL, empresas que aglutinan a buena parte de los ganaderos, carniceros y abastecedores de carne de vacuno, ovino, potro y cerdo en Navarra. Las tres habrían empleado en estos cuatro centros de trabajo navarros a 2.660 ‘falsos cooperativistas’ en los últimos cuatro años. Todos, personas distintas, ya que, el de Servicarne, era un empleo con mucha rotación, precario, sin derechos y mayoritariamente inmigrante. La inspección les atribuye un fraude en cotizaciones a la Seguridad Social de más de 20 millones de euros desde diciembre de 2013. Al incoar un expediente, este organismo no se limita a investigar la situación del personal en activo, sino de toda la lista de trabajadores que han pasado en algún momento por esa empresa en los 4 años previos a la apertura del expediente. De las tres firmas sancionadas, actualmente, solo Uvesa mantendría aún a cerca de 600 ‘falsos autónomos’ de Servicarne en sus instalaciones (500 en la sala de despiece de Tudela). Desde el inicio del expediente, esta firma se ha resistido a asumir a esta plantilla como propia y defiende que el servicio contratado a Servicarne desde hace 15 años es “totalmente legal”, que hay abundante jurisprudencia que avala a las cooperativas de trabajo asociado creadas en 1991 (en España operan 15.000) y que todo obedecería a un cambio de criterio no comunicado de la ITSS. En cambio, La Protectora y Vacuno de Navarra ya habrían regularizado esa situación y ahora “solo emplean en sus instalaciones a trabajadores contratados directamente por ellas” citan fuentes conocedoras del caso. A nivel estatal, la ITSS ha verificado que Servicarne es una falsa cooperativa y ha propuesto su descalificación como tal a la Dirección general de Empleo, que aún no ha procedido. Así que, de momento, los 600 trabajadores de Uvesa siguen figurando como cooperativistas. Entre tanto, la Seguridad Social sigue sumando a Uvesa como deuda la cotización como asalariados. Una vez se dilucide el acaso, bien con un acuerdo administrativo, bien en los tribunales, los ‘falsos autónomos’ afectados podrán solicitar la devolución de las cotizaciones que hicieron como autónomos. Ya no podrán darles de baja sin autorización El pasado viernes, antes de sus vacaciones, el flamante nuevo gobierno de Sánchez, aprobó un real decreto que modifica el reglamento de inscripción de empresa, altas, bajas y variaciones de sus trabajadores en la Seguridad Social. Un simple matiz que podría suponer un paso de gigante en la ofensiva que la Seguridad Social mantiene con las empresas a la hora de aflorar ‘falsos autónomos’ y que viene de mucho antes del aterrizaje socialista en la Moncloa. Cuando la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS) detecta un “encuadramiento irregular” de trabajadores en el régimen de autónomos que, por su actividad laboral, considera que son trabajadores por cuenta ajena, insta a la Tesorería general de Seguridad Social (TGSS) para que, de oficio, dé de alta a esos trabajadores en el régimen general y en las empresas donde prestan sus servicios como autónomos, por lo menos durante la tramitación del procedimiento. Sin embargo, ciertas empresas -así ocurrió en el caso de Uvesa- utilizaban el sistema RED (sistema que les facilita los trámites para dar de alta, baja y modificar los códigos de cotización de sus trabajadores a través de internet) para darles de baja automáticamente, como si fuera un despido. Pero peor, porque se hacía retroactivamente, a fecha de alta, saltándose así los 20 días que debe disponer todo trabajador para recurrir su despido. Para evitar esta ‘maniobra’, desde ahora, se impide a las empresas sometidas a procedimiento darles de baja por su cuenta en el régimen general si la inspección no ha dado su consentimiento previo. En España hay más de 15.000 cooperativas de trabajo asociado, figura que se creó en 1999. Y sus ‘servicios’ se extienden por sectores muy variados, como los repartidores a domicilio o los chóferes de VTC, pero también las hay en educación. En las cárnicas, Servicarne es la primera en que la ITSS ha a puesto el foco con este macroexpediente, abierto en 20 provincias. Pero CC OO, sindicato que la denunció, habría puesto encima de la mesa de los inspectores alguna otra empresa similar.

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