Parlamento
Ayuntamientos afectados por 13 vertederos del TAV en Navarra denuncian su "indefensión"
Han pedido al Gobierno y los grupos políticos ayuda para no perder estos terrenos
Publicado el 24/02/2023 a las 12:26
Alcaldesas de diversos municipios afectados por el proyecto de expropiación de 122 hectáreas por parte de Adif para la creación de 13 vertederos donde depositar la tierra extraídas en las obras del Tren de Alta Velocidad han denunciado su indefensión y han pedido al Gobierno y los grupos políticos ayuda para no perder estos terrenos.
Lo han hecho en una sesión de trabajo en comisión parlamentaria a petición de Geroa Bai, EH Bildu, Podemos Ahal Dugu e IE en la que han estado presentes la alcaldesa de Barásoain, Rita Delia Roldán, la alcaldesa de Biurrun-Olcoz, María Luisa Serrano, la alcaldesa de Tiebas - Muruarte de Reta, Yolanda Obanos, y la alcaldesa de Garínoain, Bertha Sánchez.
“Adif no debería optar libremente por la expropiación total de estas áreas existiendo otras alternativas como la ocupación temporal, mucho menos gravosa y que obtiene igualmente el fin pretendido sin que como ayuntamientos veamos disminuido tanto nuestro patrimonio”, ha defendido la alcaldesa de Garínoain.
Obanos ha planteado a los grupos su necesidad de contar con un técnico del Gobierno que les ayude a “vigilar que las tierras ocupadas vuelvan a ser de cultivo” no pudiendo depender de la buena voluntad de la empresa y ha lamentando que los ayuntamientos son “los grandes receptores de quejas” de vecinos a los que se ven incapaces de defender.
“No tenemos recurso económicos ni la formación para enfrentarnos a esto”, ha coincidido Serrano considerando “perverso” que tengan que pagar en un futuro más dinero por una tierra que es suya y limitará su techo de gasto y planteando quién se hará cargo en el futuro de limpiar las tierras que no se recuperen para prevenir el riesgo de incendios.
A juicio de Sánchez se plantea una “expropiación exagerada y generalizada como única solución” sin haber estudiado alternativas que justifiquen la intervención de una propiedad privada cuando la declaración de impacto ambiental del proyecto planteaba una relación de espacios más adecuados como vertederos existentes, explotaciones abandonadas o zonas a rellenar.
Ha denunciado además que la falta de acceso al contenido del proyecto, que según los técnicos de Adif no está terminado, “implica una falta de transparencia y un incumplimiento grave por parte del expropiante de los principios legales mínimos de información así como una total indefensión de los afectados para poder realizar alegaciones y conocer el alcance real de la obra”.
Roldán ha mostrado sus sorpresa ante que sea “tan fácil expropiar comunales”, más aún cuando “la mayoría son de cultivo y muy productivos” recibiendo en su visita al defensor de comunales del Gobierno de Navarra “silencio” mientras los Ayuntamientos se ven siempre incapacitados para cambiar comunales aunque no tengan utilidad.
Yolanda Obanos ha puesto en evidencia que estos pueblos de la zona media son un corredor de infraestructuras al que “se añaden ahora las del TAV” sin “ninguna compensación”.
Todas ellas han coincidido en su denuncia por las grandes afecciones de esta infraestructuras su territorios, que quedarán más troceados aún por vías, túneles, puentes y vertederos que modificarán su paisaje, reducirá sus recursos y actividad económica, afectará negativamente a flora y fauna y atacará a su forma de vida afectando a repercutiendo en actividades lúdicas y romerías.
