Educación
La desprotección de los profesionales en los centros de menores: "A día de hoy la agresividad de los chavales es tremenda"
Tres educadores sociales que trabajan o han trabajado en centros de menores y una persona de seguridad reflexionan sobre la realidad de estos recursos después de que el sector denunciara en el Parlamento su “indefensión” y con el asesinato de Badajoz muy presente
Actualizado el 05/04/2025 a las 23:18
En los pocos meses en los que Ainara (nombre ficticio) pasó por un Acogimiento Residencial Especializado (ARE), que atiende a menores con problemas de conducta grave, hubo cuatro incendios. “Dos de ellos, provocados por un menor con problema de salud mental graves. Los otros dos, por otros menores. Hasta que no entró el comité de forma más estricta, no hubo manera de que la entidad que lo gestiona hiciera caso de nuestros avisos. No había ni siquiera alarma de incendios. Imagínate la desprotección que hay ahí”.
En aquel centro de 10 plazas, a los educadores les tocaba realizar tareas de contención física continuamente. Aunque había una persona de seguridad, no daba a basto. “Nosotros no tenemos ni la preparación ni la formación necesaria para ello, pero aquello era un sálvese quien pueda”.
Ahora Ainara trabaja en el único centro para menores con medidas judiciales que hay en Navarra, que dispone de 17 plazas, todas completas. “Aquí disponemos de un equipo de seguridad de dos personas y hay más control. Su labor es súper necesaria, nos apoyan muchísimo. Hay intentos de agresión continuos pero hay una mayor protección, de modo que no llegan a agredirte”, apunta.
PERFILES MÁS COMPLEJOS
Aun con todo, la mayor complejidad de los perfiles de los menores en los últimos años, “con muchos problemas de salud mental y trastornos graves, muchos aún sin diagnosticar y con los que es muy difícil intervenir”, hace que el equipo de seguridad “se quede justo”. “A día de hoy la agresividad de los chavales es tremenda. Los compañeros y compañeras que llevan 15 y 20 años en la intervención social dicen que la situación ha cambiado mucho”.
No comparte del todo esta visión Iñaki, que trabaja desde 2017 en una residencia de tratamiento especializado de 6 plazas, con jóvenes con problemas de conducta grave. “Yo creo que lo que ha cambiado es la mirada sobre los chavales. El tratamiento que se les ofrece es mucho más especializado, de modo que evidencia dificultades que antes no se veían o que se trataban de otra manera. Hace 15 años el funcionamiento en los centros residenciales era mucho más conductual y ahora es más terapéutico. Es mucho más eficaz, pero requiere de mucha mayor formación y de una atención a temas complejos”, sostiene.
"TE DICEN QUE SON COSAS QUE PUEDEN PASAR"
Ainara se queja de que, cuando trasladaban a la entidad responsable del centro residencial todo lo que estaba sucediendo, la única respuesta de ésta era dar por sentado que son incidentes inevitables. “Nos decían que son cosas que tienen que pasar y que es imposible cubrirlas. Nos han llegado a decir que una agresión es normal. Y al día siguiente, a trabajar, como si no hubiera pasado nada. Eso genera muchísima desesperanza en los trabajadores”.
“Lo peor es que casi terminas tú mismo asumiendo ese discurso”, añade Aritz, un educador que estuvo 3 años en un recurso para menores con problemas de consumo de sustancias tóxicas. “La persona trabajadora naturaliza cosas que no deberían ser normales”, incide Ainara. “Es verdad que manejamos situaciones de crisis y que vamos a estar expuestos. Quizá lo asumimos demasiado, creyendo que podemos con todo, con un poco de síndrome de Superman”, intercede Aritz, que admite que “la solución es compleja”. “Lo que no puede ser es que esos riesgos y esas condiciones luego no se vean reconocidas en ningún sitio, ni en tu salario, ni con medios, ni por parte de tus jefes”, coinciden ambos. “Eso ocurre con menores y en toda la profesión de la intervención social”.
A Aritz le ha tocado contener situaciones con cuchillos, tijeras o destornilladores de por medio. También recibir puñetazos, golpes o mordiscos. “No es que ocurra todos los días, pero son frecuentes. Cualquiera que se dedique a esto te podría contar mil batallitas”.
También se dan otro tipo de situaciones, no violentas, pero sí en las que sienten que se les exigen cosas que sobrepasan su labor . “Recuerdo una ocasión en la que una compañera nos preguntaba si era normal que tuviera que ir ella sola conduciendo hasta Toledo de madrugada para buscar a un menor que se había fugado”, hace memoria Aritz.
Iñaki admite que el debate de fondo es complejo. “Mi interpretación personal es que, de alguna manera, que me amenacen en mi residencia forma parte de mi trabajo. Es la manera que tienen los chavales de expresar cosas que no saben expresar de otra manera. ¿Es agradable? Claro que no, pero yo sí siento que tengo en mi residencia los recursos para sentirme seguro trabajando. El equipo de seguridad trabaja muy bien y es extraño que haya agresiones físicas. También te digo que creo que somos una cierta excepción, y que yo tengo buenas condiciones y ciertas particularidades, como no hacer noche el fin de semana, que no tienen otros”, desgrana.
Admite que, además, entran en juego otros factores. “Yo soy hombre, soy grande. Soy consciente de que en mi perspectiva influyen muchas cosas. Entiendo que haya compañeras que puedan vivirlo de una manera diferente e ir a trabajar con miedo implica mucho estrés. Se deben reconocer de alguna manera esos riesgos psicosociales”, reivindica Iñaki.
"VEMOS EL MIEDO EN LOS EDUCADORES"
Lleva seis años trabajando como personal de seguridad en centros de menores, en la actualidad, en un ARE (Acogimiento residencial Especializado) en la comarca de Pamplona. Asegura que ve a diario “el miedo en los educadores” y que “cada vez resulta más complicado controlar a los chicos y chicas”. “Se comportan con una agresividad exagerada y los profesionales trabajan desprotegidos”. A su juicio, uno de los problemas es que los menores se sienten “impunes”. “Saben que las leyes les protegen y su comportamiento no tiene consecuencias. Meten armas blancas y drogas en la casa y aquí no pasa nada. No los estamos educando, los estamos maleducando”. Tampoco ayuda “la normativa”. “Ya no podemos registrar a los menores sin autorización”, dice. “Invito a las personas del Gobierno que hacen la normativa y pasen aunque sea un día con nosotros”.
INESTABILIDAD EN LAS PLANTILLAS
Ainara, que lleva cuatro años en el sector, sostiene que ha podido ver pasar a más de 200 educadores en este tiempo. La inestabilidad de las plantillas es una constante.
“Las condiciones son especialmente difíciles en los centros de menores. El personal no aguanta, la rotación es enorme. Suelen ser personas muy jóvenes. Desde luego, es una buena manera de poner a prueba su vocación, pero muchos terminan quemándose”, desarrolla Aritz. “Creo que, como mínimo, esa sensación de que nadie quiere trabajar en pisos de menores merece algún tipo de reflexión”, percibe.
Iñaki cree que la inestabilidad tiene un impacto directo en la intervención en forma de “círculo vicioso”. “Cuando consigues estabilizar un equipo, los chavales se estabilizan y eso refuerza que el equipo se mantenga. En cambio, cuando coincide que hay 2 ó 3 bajas en un equipo, los chavales lo notan y expresan otras cosas”.
No se trata sólo del baile de los profesionales que están en primera fila. “En la sección de Guarda y Familia para la que trabajamos hay mucha rotación en las técnicas referentes. Al no haber estabilidad, el conocimiento de los casos tampoco es el que debería. No creo que sea por una falta competencia de las personas que están en los puestos, sino por el propio sistema, que hace que se agoten y pidan el cambio para salir de ahí”, analiza Iñaki.
También apunta a que las mayores dificultades del sector son “estructurales”. “Ha crecido mucho en los últimos años y en Navarra no tenemos un grado de Educación Social en la Universidad Pública. Las posibilidades de contratar a profesionales especializados son reducidas y eso también dificulta la apertura de nuevos recursos en poco tiempo, tal y como exige la situación actual. No es una cuestión sólo de dinero”, dice.
SATURACIÓN Y MEZCLA DE PERFILES
El sistema está saturado, carece de recursos específicos para algunas de las casuísticas y las derivaciones no son ágiles. En eso coinciden los tres profesionales consultados. “Eso repercute en los profesionales, pero quienes más lo pagan, al final, son los propios menores”, coinciden.
“Hay casos de alta complejidad, que deberían estar en mi residencia, pero acaban en recursos básicos por carencia de plazas. Esta mezcla de perfiles impacta de forma directa y la situación de vulnerabilidad de los profesionales es alta”, apunta Iñaki, que señala a la falta de agilidad de los procesos de derivación como otro factor perjudicial. “Estar conviviendo un mes con un chaval que no se puede controlar a sí mismo es muy duro, tanto para los profesionales como para los compañeros”.
“No existen recursos específicos para los distintos perfiles y se termina aparcando al menor donde menos molesta. Es un marrón que se mueve de aquí para allá”, describe Aritz.
Para trabajar con perfiles con problemas graves de conducta, que requieren “un tratamiento más especializado y más intensivo”, hacen falta “entornos seguros y estables”, insiste Iñaki.
"NO SABEN SER DE OTRA MANERA"
Iñaki pide pararse a pensar cuál es el origen de los comportamientos violentos de algunos jóvenes tutelados, para poner el foco “en el sistema y no en los menores”. “Ellos hacen realmente lo que pueden. No saben ser de otra manera porque han aprendido que ponerse violentos es la única manera que tienen para protegerse de los demás”, apunta. “Llevo trabajando en esto 10 años y diría que he conocido a un sólo chico que era violento porque decidía serlo voluntariamente”.
EL CRIMEN DE BADAJOZ: "LO PEOR ES QUE NO NOS SORPRENDE"
“Lo peor es que no nos sorprende. Lo que ocurrió en Badajoz podría pasar aquí perfectamente”, sentencia Aritz. “Cuando sucedió, ni nos sorprendimos ni nos pareció algo que no nos pudiera pasar a nosotros mismos”, apuntala Ainara, que percibió aquella semana del suceso “un clima más tenso entre los educadores” de su entorno.
AUTOCENSURARSE PARA PROTEGER A LOS MENORES
Ainara tira de autocrítica para ampliar su reflexión. “Cuando mi entorno me pregunta por mi trabajo, hay una parte que no cuento, que no informo. Quizá debería cambiar el chip para que se viera la realidad de estas situaciones. Los propios trabajadores hemos podido fomentar que no se sepa todo esto, nos autocensuramos por protección y para evitar que se culpabilice a los menores”, se explica.
EL CONVENIO Y LOS PLIEGOS
En 2021, el sector de la intervención social consiguió firmar su primer convenio colectivo. “Quedó lejos de lo ideal, pero sí supuso mejoras porque veníamos de condiciones muy precarias”, apunta Aritz. “No es que ahora las condiciones sean buenas, pero sí es cierto que el convenio anterior nos dio un punto de partida digno”, coincide Iñaki. “Antes había determinadas figuras profesionales, como la auxiliar educativa, que cobraba 900 euros por estar en rotación, a turnos, haciendo noches y fines de semana. Ahora pueden estar en los 1.400, que al menos se acerca a cubrir unas necesidades básicas”.
En estos momentos, está pendiente de firmar el segundo convenio, para el que ya se alcanzó un preacuerdo en febrero. “Creo que lo que falta a este segundo convenio es el reconocimiento de los riesgos psicosociales de nuestra profesión, que requiere mucha gestión, mucha formación y mucho trabajo personal porque trabajamos con historias de vida muy duras. Nos da la sensación de que todo se reduce siempre a que nos gusta mucho nuestro trabajo y ahí se queda todo”, lamenta Iñaki.
Ainara denuncia además que “los pliegos no se cumplen”. Es decir, que las condiciones que se recogen en los contratos entre las entidades que gestionan los centros y el Gobierno de Navarra “no se cumplen”. “Y si se cumpliesen, habría cosas que pasan que podrían no pasar”.
RATIOS Y CAPACIDAD DE LOS CENTROS
Para Iñaki, el problema no son tanto las ratios, como la capacidad de atender de forma individualizada a cada menor cuando conviven en grupos que, en un recurso residencial básico, son de 9 personas. “Me toca salir mucho a otras comunidades y veo que aquí las ratios son mucho mejores que en otros sitios”, valora. “Tengo la sensación de que se trabaja bien, pero las posibilidades de individualizar y de dar un tratamiento específico se reducen por el propio volumen de chavales”.
"Al Departamento le preocupan los trabajadores: debemos cuidarles"
El departamento de Derechos Sociales ha duplicado desde 2021 el presupuesto de actuaciones en materia de protección y atención a la infancia y adolescencia, de 25 a 50 millones de euros en 2025. “A partir de 2021 se produjo un incremento presupuestario reseñable debido a las mejoras laborales recogidas en el convenio de inclusión social y al aumento de las ratios de personal mejorados en los contratos de licitación”, recuerda. El departamento asegura que le “preocupan” las condiciones laborales de las y los trabajadores: “Son indispensables y debemos cuidarles”, y pide que “no se criminalice a los menores”. “Son niños y niñas que han sufrido situaciones difíciles, que tienen vulnerabilidades y esa mirada ha de estar siempre presente”. Situaciones “cada vez más complejas”, de “extrema desprotección: maltrato físico, psicológico, agresiones sexuales repetidas, negligencias… que también deben hacernos reflexionar como sociedad”, recuerda.
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