David Delgado Ramos, decano del Colegio de Graduados Sociales: "Muchos compañeros me han llamado llorando durante la pandemia"

La unión hace la fuerza. Esta máxima encaja como anillo al dedo en el colectivo de graduados sociales, que se caracterizan por un elevado sentido de comunidad y cooperación para estar al día con la última normativa o la interpretación más reciente de las leyes. Ello es vital para una profesión que trabaja al golpe de Boletín Oficial del Estado y que, en caso de error, puede afrontar graves consecuencias. Llevan muchos años volando por debajo del radar con un silencioso trabajo, pero ahora reivindican la importancia de su labor para mantener en marcha a empresas y negocios. Así lo defiende el decano del Colegio Oficial de Graduados Sociales en Navarra, David Delgado Ramos (Pamplona, 1968), que reclama que se les preste más atención como interlocutores con las instituciones públicas. ¿Hay mucho desconocimiento de lo que son y hacen los graduados sociales? Este año se cumplen cien años de la profesión y nuestro colegio celebra su cincuenta aniversario. Ostentamos en su mayoría la titularidad de las asesorías laborales. Hoy en día, a pie de calle, la gente no nos conoce tanto, por eso se ha puesto en marcha una campaña divulgativa a nivel nacional. ¿Cuántos miembros forman parte del Colegio de Graduados Sociales en Navarra? Contando con los jubilados, somos 339 con una edad media de 54 años. Sin estos, formamos parte del colegio 295 profesionales con una edad media de 51 años, de los cuales unos 200 son ejercientes. En cuanto al perfil de los despachos, hay de todo, pequeños, medianos y amplios. ¿Hay problemas de relevo generacional? El relevo generacional nos preocupa. Hemos puesto iniciativas para facilitar la incorporación de nuevos graduados, una fórmula de adhesión al colegio para que reciban información de normativa laboral y de seguridad social de relevancia, así como acceso a la base de datos jurídicas de nuestra web y descuentos en jornadas formativas. Lo cierto es que hay trabajo, porque recibimos en el colegio de 30 a 40 ofertas de trabajo anuales de empresas y asesorías, que remitimos a la Universidad Pública de Navarra. ¿Cuál ha sido el momento más crítico que han vivido los graduados sociales en los últimos años? Sin duda, la pandemia. Jugamos un papel fundamental a la hora de tramitar en tiempo récord los miles de Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), las prestaciones por desempleo y las ayudas a las pymes. Nuestro colectivo jugó un papel clave. De hecho, fuimos declarados profesión esencial. Evitamos el cierre de miles de empresas y, en consecuencia, ayudamos a mantener sus puestos de trabajo. ¿Hasta qué punto dependían las empresas de los graduados sociales? Asesoramos al 85% del tejido empresarial, por lo que tramitamos los ERTE y las prestaciones por desempleo de los trabajadores afectados en ese mismo porcentaje. El propio colegio también desempeñó una labor clave durante la pandemia, algo que agradezco especialmente a los miembros de la junta de gobierno, a la gerente y al personal administrativo. ¿Cómo fueron aquellos días? Inicialmente nos vimos desbordados. Era una situación inédita y la vivimos con muchísima tensión. Tuvimos que afrontar unos meses con mucha incertidumbre e inseguridad jurídica. Se publicaron muchísimos decretos reales en poquísimo tiempo, una auténtica barbaridad. Cada real decreto iba seguido de una guía de interpretación de la Dirección General de Trabajo porque la redacción resultaba muy farragosa en algunos puntos. Pero ustedes ya estarán acostumbrados al lenguaje administrativo, ¿no? La norma no estaba muy bien redactada en algunos apartados y daba lugar a confusiones. Pero lo peor fue que nos dieron cinco días para tramitar las prestaciones por desempleo, una responsabilidad que se acompañó de amenaza de sanción. No nos daba ni trabajando las 24 horas del día. ¿No hubo flexibilidad? Nos encontramos con una Administración no desaparecida, sino desbordada. Cuando quedaba un día, recibimos un correo electrónico del director general del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) en el que nos ampliaban el plazo. Aquello fue un alivio, pero lo que vimos los cuatro días anteriores fue infernal. ¿Les pasó factura psicológicamente? Me llamaban compañeros y compañeras llorando. Me pedían que hiciera algo. Fueron días de gran frustración para mí, porque no tenía forma de ayudarles. Hubo bajas por depresión y algunos dejaron sus despachos. Este goteo continuó incluso tras la pandemia. Fue muy duro, una auténtica novela de terror. ¿Estaba el sistema preparado para una prueba como la covid? Los organismos estatales estaban absolutamente desbordados. El sistema informático del SEPE colapsó. ¿Se quedaron solos frente a esa avalancha? Fueron días fatídicos para todos, pero tuvimos dos puntos de luz muy importantes. Hablo del director del SEPE en Navarra, Luis María García Ortego, y de Javier Zubicoa, actual director de servicio de Trabajo en el departamento de Derechos Sociales del Gobierno Navarra. ¿Estuvieron a la altura? Mucho más que eso. Yo levantaba el teléfono y los teníamos a nuestra disposición. Luego me encargaba de transmitir a su vez al colectivo todo lo que ellos me iban diciendo. García Ortego y Zubicoa fueron dos pilares muy, muy importantes. Nos ayudaron un montón. Tampoco me quiero olvidar de la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), que es el tercer pilar al que estamos también agradecidos. ¿No hay reproches? La insuficiencia de personal en la TGSS nos ha sobrecargado de mucho trabajo sobre nuestros hombros. No se cubren las plazas a raíz de las jubilaciones y eso ha llevado al resto de los agentes autorizados del sistema red a asumir funciones que no nos deberían corresponder, labores propias de funcionarios. Que no se entienda esto como una crítica hacia ellos. La dirección provincial de Navarra y todos sus funcionarios, a nivel de diligencia, han copado durante varios meses, incluso un año, el primer puesto de toda España. ¿Cuándo se empezó a tranquilizar el tema? Hacia finales de 2021. Fueron casi dos años frenéticos. Siguieron algunos ERTE, pero eran por impedimentos y limitaciones que el Gobierno de Navarra establecía a determinados negocios para frenar los contagios. ¿Cree que se aprendió algo de la pandemia para el futuro? Creo que sí. Ha sido un aprendizaje para nosotros y para la administración, un proceso de aprendizaje, pero forzado y muy concentrado. ¿Todavía colea algo de aquella época? A los autónomos los están acribillando a que demuestren el cumplimiento de los requisitos de las ayudas que recibieron durante la pandemia. En aquel entonces todas las resoluciones que, por parte de las mutuas, se resolvían de forma provisional y favorable. Desde el año pasado se están realizando las revisiones y, a fecha de hoy, todavía siguen. ¿Y qué está sucediendo? Algunos autónomos están tirando la toalla y devuelven las ayudas, pero yo les recomendaría que consultaran con un profesional, con un graduado social. En la mayoría de las ocasiones, la resolución es favorable. Estamos hablando igual de 6.000 euros. Animo a los autónomos es que revisen sus situaciones antes de desistir. ¿A qué otros sectores están afectando más las revisiones? Actualmente hay inspecciones de trabajo relacionados con la covid de los ERTE de 2020 y 2021, sobre todo en el sector de la hostelería. Había una obligación de mantener el empleo y no despedir en todas las empresas en las que se practicaron exoneraciones de cuotas a la Seguridad Social en esos años. ¿Cuáles están siendo las consecuencias? En algunos casos en los que se produjeron modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo, la Inspección los está asimilando a un incumplimiento del compromiso de mantener el nivel de empleo. Ello implica a la empresa a devolver las exoneraciones de cuotas de la Seguridad Social de la totalidad de la plantilla. Estamos hablando de cantidades superiores a los 50.000 euros incluyendo recargos e intereses. ¿Es partidario de reducir el papeleo y los trámites burocráticos tal como se está apuntando desde Europa? No quiero pensar en eso ahora mismo. Lo que sí es cierto es que muchos de los trámites deberían ser unificados. Pondré un ejemplo. En el momento en que se apruebe un ERTE por fuerza mayor, se debería cruzar los datos con el SEPE. Este último organismo tendría que ser el que lance el reconocimiento de la prestación al administrado, de forma que sea el administrado el que esté conforme o no con recibirla o no. Se quejan de que la mayoría de la población desconoce la labor de los graduados sociales. ¿Qué hubiera sucedido durante la pandemia sin su contribución? Miles de personas se hubieran quedado en la calle. Ayudamos a que esos trabajadores obtuvieran su prestación por desempleo en un momento crítico y eso la gente de a pie de calle lo desconoce. Me hubieran gustado que dedicaran al colectivo más reconocimientos institucionales. Es verdad que nos los han dado, pero no han sido tan contundentes como los que han dedicado a otros colectivos merecidamente. Estoy pensando en los sanitarios y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Cuando la gente aplaudía desde los balcones, los graduados sociales estábamos trabajando desde nuestros despachos. ¿Cómo andan las relaciones entre los graduados sociales y el Gobierno de Navarra? Pues acabamos de tener un encontronazo con la Hacienda Foral. Les habíamos solicitado el pasado 27 de enero una ampliación del plazo en la presentación de todos los impuestos trimestrales, mensuales, que afectan a los IVA, retenciones del trabajo, alquileres... La fecha límite para presentarlos es el 22 de abril, por lo que van a coincidir con las vacaciones de Semana Santa y eso nos va a impedir descansar esos días. ¿Y qué les contestaron? Nos la han denegado dos veces. Hemos alegado que los trabajadores de los despachos van a ver vulnerados sus derechos de conciliación familiar y de desconexión digital. Lo que más nos preocupa es que, en ocasiones anteriores como esta, el Gobierno de Navarra había ampliado el plazo hasta el 30 de abril sin solicitárselo, pero este año no lo han querido hacer. ¿Se sienten ignorados? Los graduados sociales somos un colectivo muy desgastado tras la pandemia. Todavía estamos pendientes de inspecciones de trabajo por los ERTE que se formalizaron durante 2020 y 2021, así como de las ayudas que se concedieron a los autónomos. Toda esta situación es un despropósito. Tenemos derecho a la desconexión digital, como todo el mundo, y aquí no se nos reconoce. ¿Qué piden al Gobierno? Queremos que se nos respete el derecho de desconexión digital al que todo trabajador tiene derecho. También que la Administración provea de más plazas de funcionarios para no sobrecargarnos de trabajo propio de la función pública. Otra reivindicación es que se habilite de una vez la firma del recurso de casación, que tengamos un papel activo en la mediación laboral y que la ciudadanía de a pie conozca nuestra laboral.

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